Las zonas afectadas correspondían (todas ellas) a áreas identificadas y definidas desde el 2004 (en el mapa de riesgos y amenazas de la ciudad de La Paz) por el Gobierno Municipal de La Paz como "áreas de riesgo"; en otras palabras, zonas no habitables debido a su inestabilidad por el riesgo de derrumbe y sensibilidad a la erosión superficial y subterránea.
Acciones vanas que no llegaban a remediar la tremenda bomba de tiempo que significaba el poblamiento de zonas no aptas para asentamientos humanos.
Luego del desastre y contabilizados los daños y las pérdidas, el burgomaestre paceño señaló que se estabilizarían los suelos y que no volverían a ser habilitados para su poblamiento; una declaración por demás afortunada pero que requiere más que buenas intenciones mediáticas, especialmente si consideramos que en febrero de este año la Dirección de Ordenamiento Territorial de la Alcaldía de La Paz, informó que la modificación del Reglamento del Uso del Suelo y Patrones de Asentamiento (USPA 2010) liberó la altura de las construcciones en varias zonas de La Paz (y acá nos preguntamos que pasa con la capacidad de carga de los terrenos de la ciudad cuando se conoce que el 70% de la misma es deleznable?), lanzando a la par un mapa de expansión urbana (ver figura) que identifica 9 áreas de expansión, entre las que se destacan áreas de riesgo conocidas (Huayllani, Ovejuyo, Mallasa, Achumani Alto y Chinchalla) y otras recientemente afectadas (Callapa, Alpacoma), sin olvidarnos de aquellas que corresponden a Áreas Protegidas Naturales y Culturales definidas como tal por la propia alcaldía (Limanipata, Chicani, Palcoma, Quellumani y Chijipata), las mismas que no sólo atesoran monumentos arqueológicos invalorables del valle paceño, sino que también resguardan una rica biodiversidad; a la par que albergan las zonas productivas de la ciudad y son la ruta principal de una de las represas que dota de agua a media urbe.
Y es que cuando se trata de hacer declaraciones facilonas, la inmediatez, el sensacionalismo y la imprecisión suelen ser la tabla de salvación de las autoridades ediles.
Con todos estos antecedentes nos toca cuestionarnos de que realidad habla el alcalde paceño, cuando las decisiones ya están tomadas (en ordenanzas, reglamentos, planos y mapas) por el Concejo Municipal (por la Comisión de Planificación y Gestión Territorial) y/o la Dirección de Ordenamiento Territorial.
Lo único que esta claro, es que acá priman muchos más intereses de los que se aparentan, y que entre planificadores municipales, loteadores y especuladores de tierras la población está lamentablemente librada a su suerte....(por más que le avisen con semanas de anticipación Sr. Alcalde).
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