Frente a los últimos acontecimientos suscitados en torno a la intervención de la Unidad Nacional de Arqueología y el Museo Nacional de Arqueología (entidades dependientes del Ministerio de Culturas), a raíz de las reiteradas denuncias realizadas por autoridades civiles y políticas de Tiwanaku, la ciudadanía en general, los actores culturales y nuestra propia organización; alertando oportunamente sobre la corrupción, el tráfico de influencias, la pérdida de material arqueológico, el apropiamiento indebido de información documental arqueológica y la negligencia en el cumplimiento de funciones de las instituciones intervenidas. La Sociedad de Arqueología de La Paz, reunida en su primera Asamblea General Anual ha emitido el siguiente voto resolutivo:
1. Apoyar la Intervención que ha llevado adelante la Sra. Ministra Zulma Yugar como medida necesaria para ordenar la primera institución nacional a cargo de las políticas arqueológicas del País, instando a que esta acción se lleve a cabo con la mayor transparencia posible y en el marco de las Leyes que rigen tanto el patrimonio nacional como los derechos humanos y ciudadanos.
2. Respaldar con un voto de confianza el trabajo que viene cumpliendo como Directora Interina de la Unidad Nacional de Arqueología nuestra asociada María Soledad Fernández, cuya trayectoria académica y profesional se enmarca en los cánones de ética e integridad, que tanto nuestra Sociedad como la propia práctica arqueológica demandan de los profesionales de esta disciplina.
3. Apoyar moral y materialmente a nuestros asociados Rúden Plaza Martinez, Velia Mendoza, José Luís Paz Soria y Adolfo Perez, sobre cuyo trabajo la Sociedad de Arqueología de La Paz expresa su mayor confianza.
4. Solicitar al Ministerio de Culturas y Ministerio de Transparencia la incorporación de la Sociedad de Arqueología de La Paz en las labores de monitoreo de la Comisión de intervención a la UNAR y MUNARQ, a fin darle mayor transparencia al proceso y participación a los actores culturales y sociales que están realmente interesados en el esclarecimiento de las denuncias y el cumplimiento de las leyes que prescriben los delitos en contra del patrimonio cultural y arqueológico boliviano.
La Paz, 5 de marzo del 2010
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